La justificación de la última reforma previsional, tuvo una fundamentación basada en el poder de imposición que, la holgada mayoría legislativa le confiere al oficialismo. El criterio técnico/jurídico brilló por su ausencia, atento a que la remisión del proyecto, su tratamiento y a renglón seguido su aprobación insumió tres horas de exposiciones en el recinto parlamentario, concluyendo con una sentencia política “Quienes tenemos la responsabilidad constitucional de sostener la Caja de Jubilaciones somos los oficialistas. Es muy torpe desconocer los factores que hoy influencian de manera agresiva los fondos públicos” Precisamente esa asumida responsabilidad constitucional de sostener la Caja, el partido gobernante la tiene desde hace 21 años cuando asumió al poder en 1999. Pero, parece que recién ahora ha descubierto la peligrosidad del déficit estructural para la finanzas públicas y para ello han debido escudriñar hasta el año 1991, cuando se dictó la Ley Nro 8024, encontrando el huevo de la serpiente, en cabeza de los últimos gobernadores radicales (Angeloz y Mestre) .Esa regresión en el tiempo ha sido sin escalas y sin esbozar siquiera como pasaron cinco campañas electorales de gobernador, (1999,2003,2007,2011 y 2015), con sus respectivas promesas de restitución del 82 % sobre el último sueldo en actividad que, sistemáticamente se incumplieron y que, para que fueran digeribles mantuvieron inalterable el mentado 82 %, pero modificaron las bases sobre las cual se aplicaba. Así en el año 2008, se aplicó sobre el promedio actualizado de los últimos cuatro años. Ahora en el 2020 será el promedio de los últimos 10 años, en ambos casos al promedio se le detrae el aporte personal respectivo. En el medio de estas dos modificaciones se aprobó una ley de emergencia previsional en el 2008 que habilitó a pagar para aquellos haberes cuyo monto superaran los $ 6.000 con títulos de deuda. En el 2012 difirieron la movilidad por seis meses. Ninguna de estas cosméticas, tomadas en soledad por el oficialismo, resolvieron el déficit estructural que sigue vigente.
Pero también pasaron otras cosas durante esos 21 años. Un somero análisis de la carta fundamental provincial y sus modificatorias nos muestra la existencia de cláusulas que prohibían la modificación de la ley previsional por intervalos menores a la duración del mandato del cargo de gobernador (la del año 1921 y su modificatoria de 1987, poseían plazos de diez y, ocho años, respectivamente). La reforma de 2001, que fue convocada para “achicar los gastos de la política”, eliminó la cláusula que impedía la modificación por un intervalo de ocho años como mínimo. Este intervalo había sido la razón para que Mestre dictara el decreto 1.777/95 para paliar el déficit estructural que, ya evidenciaba el sistema y llegar al año 1.999 cuando la ley 8024 cumplía su vigencia constitucional de 8 años, de esa manera quedaba habilitada la posibilidad de un debate previsional amplio. Tanto crecía ese rojo de la Caja, que también se elevaron las edades de retiro; la mujer a 57 y el hombre a 62 años respectivamente. Conjugadas estas dos medidas polémicas el sistema llego al año 2000 con un delicado equilibrio. Pero a partir del año 2001, habiendo desaparecido la prohibición constitucional el sistema no tuvo el tratamiento técnico adecuado y quedó a merced de promesas electorales. Paralelamente a partir del 2000 se firmaron 3 Convenios de Armonización y Financiamiento con la Nación que como su nombre lo dice, eran para financiar el déficit estructural existente de aquel colectivo pasivo que ya gozaba de una jubilación por la ley 8024. Su contrapartida era la armonización a las exigencias de la ley nacional 24241, para los activos que a futuro tuvieran la posibilidad de jubilarse. Esos convenios ratificados por leyes provinciales certifican que ya en los comienzos del siglo 21, se conocía el rojo previsional. Ademas la reforma de la constitución de 2001, abrió la puerta al dictado de leyes que iban en sentido contrario a los acuerdos convencionales nacionales. Se restituyeron las edades de retiro que en 1975 se habían elevado, la mujer retomó los 53 y el hombre 58 años respectivamente. Se flexibilizaron las exigencias de los años requeridos para ser caja otorgante, renació la jubilación ordinaria reducida, que sumados a los 4 años de baja de la edad requerida una mujer pudo retirarse con 50 años y el hombre a los 55 años. Esto obviamente potenció el déficit preexistente y trajo controversia con la Nación, por todos conocidas, que imposibilitaba cumplir con lo pactado, puesto que la provincia alegaba que no le mandaban la plata y la nación reclamaba la armonización incumplida, consecuencia de ello se acordó que ANSES sea el organismo encargado de auditar la Caja, se ha perdido la soberanía previsional, la Caja es una entelequia cuyo menú de financiamiento depende en parte de una partida en el presupuesto nacional. Los déficits anuales son informados a la prensa por el interventor, no hay posibilidad de constatación, en el 2019 se acusó 17.700 millones. En el presupuesto provincial para el año en curso, aprobado en noviembre del año pasado, la partida correspondiente al déficit consignó un rojo de 21.570 millones. Por último en oportunidad del tratamiento de la reforma previsional el miembro informante lo llevó a 35.000 millones. Dar veracidad a estos números denunciados por el oficialismo implica que en 21 años la administración oficialista no solo no ha resuelto el problema existente, sino que lo ha agravado. De manera tal que dentro de una situación donde continuamente se está discutiendo, con razón, el grado de sustentabilidad de la previsión publica, comparto que hay que empezar a pensar en rediscutir una nueva legislación previsional, cuyo punto de partida debe ser la verdadera situación actuarial de la Caja. Haber escuchado la campana durante 21 años de un solo lado, en cuyo extenso período se aprobaron leyes de emergencia con telón de fondo por las diferencias, entre armonización versus financiamiento con la Nación, no ha mejorado la salud del sistema. No asumir los errores de gestión e incluso buscar culpas en el siglo pasado, en nada favorece si realmente se quiere comenzar a buscar alternativas, de lo contrario seguiremos en cuarentena previsional.
Cr. Luis E. Moncada