El Comité Central de la UCR de la Provincia de Córdoba acompaña, promueve y une su voz al pedido de mujeres y hombres radicales de todo el país, por una “salud comunitaria, con perspectiva de derechos humanos y por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental”, que en estos 10 años ha avanzado muy poco en relación a su implementación.
Es importante destacar que esta ley, que consiguió el acompañamiento de ambos bloques de la UCR, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, es la síntesis de una herramienta promotora y protectora de derechos, con reconocimiento internacional, fruto de un compromiso sellado desde Naciones Unidas.
Que quede claro que no se trata de un reclamo de un sector de la política argentina, sino, también de profesionales de la salud mental no solo de Córdoba, sino más bien de Argentina.
Córdoba no escapa a la realidad del país en relación a ello, teniendo en cuenta que los derechos de las personas siguen siendo vulnerados, y sigue existiendo una importante brecha entre el sistema de salud y la forma en que debiera funcionar para dar cumplimiento al marco normativo. Sin lugar a dudas, esta situación se ve agravada por el contexto actual de crisis económica, pobreza, inseguridad y falta de educación.
Asimismo, desde el Comité Central de la UCR de Córdoba adherimos al diagnóstico elaborado por radicales de varios puntos del país, respecto a esta problemática:
•El modelo de abordaje es hospitalocéntrico, individual, asistencialista, unidisciplinar, biologicista y con escasa articulación entre los niveles de atención.
•Existe una brecha entre los discursos profesionales que adhieren a la salud mental comunitaria y las prácticas de estos mismos, acordes a modelos tradicionales de atención.
•La perspectiva de género está ausente en el diseño de las políticas de salud mental y el abordaje de la salud mental en el primer nivel de atención es insuficiente.
•La mayoría de los hospitales generales no admiten internaciones por motivos de salud mental.
•Existen escasos dispositivos intermedios para la inclusión social, como Hospitales de Día, Dispositivos Habitacionales o de inclusión laboral, ni programas de acompañamiento económico para las externaciones sustentables.
•La concentración de trabajadores y presupuesto se encuentra aún en los Hospitales Psiquiátricos. Asimismo, es escasa la adhesión de las provincias a la Ley 26657 así como también la conformación de los órganos de revisión locales.
•Se reeditan algunas opiniones contrarias a la Ley, las cuales se basan erróneamente en el mito de la peligrosidad de las personas con padecimientos mentales.
Así, desde la UCR de Córdoba manifestamos que es evidente que la implementación de la ley requiere una serie de reformas que deben ser estructurales y que requieren del compromiso de los tres poderes del Estado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
A la vista está que desde 2010, la Ley Nacional de Salud Mental ha tenido pocos avances. Asimismo, somos conscientes de que en los tiempos que corren su implementación tampoco será sencilla, por lo que desde nuestro partido le ofrecemos colaboración al Gobierno Nacional, para que de una vez por todas, la política de salud incluya e implemente de manera efectiva la Ley 26657.
Sostenemos que el Estado debe garantizar el acceso a la salud de calidad y el derecho a una salud mental para todos y para todas en cualquier punto de Córdoba y de Argentina.